El Gobierno municipal ha comenzado a estudiar, con los servicios jurídicos del Ayuntamiento, las opciones para intentar anular el Decreto que, el pasado fin de semana, aprobó el Consejo de Gobierno en funciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al considerarlo «injusto y oscurantista».

En la Sala de Prensa del Ayuntamiento, el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, junto al concejal de Urbanismo, Juan Andújar, y el de Turismo y Comercio, Javier Morcillo, ya que el encontrarse en la Diputación de Albacete no pudo asistir el alcalde, Julián Martínez anunció que ya se ha puesto en conocimiento de la asesoría jurídica este Decreto, con el fin de intentar la derogación, como un reto que también se planteará el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por el socialista, Emiliano García Page.
Martínez admitió tener «muchas dudas sobre los intereses que se esconden» tras este Decreto y, sobre todo, la celeridad de la Junta de Comunidades en su aprobación, a unos días de su marcha del Gobierno autonómico, por lo que consideró "una tomadura de pelo" las declaraciones de Miguel Cervantes, director general de Infraestructuras y Desarrollo Rural, que, esta semana justificó la medida ante el temor de que el agua se fuera a desviar para el uso de otras comunidades.
En este sentido, Martínez concretó que se trata de 2,4 hectómetros cúbicos que se corresponden con el Trasvase Tajo-Segura que se deben utilizar en la tierra en la que nacen, por lo que descartó su utilización en otras ciudades más allá de la provincia de Albacete, mientras que Juan Andújar acusó al Gobierno de Cospedal de no haber actuado de manera honesta, leal y transparente, «como nos reclaman, avisó, el conjunto de los ciudadanos».
El ex secretario general de la UPA habló de muchos puntos contradictorios en esta declaración, al recordar que en la cuenca existe actualmente un déficit de 400 hectómetros cúbicos y numerosos agricultores de cultivos leñosos están aguardando disponer de agua para sus riegos.
Contradicciones
En la misma dirección advirtió de los errores, fruto de la precipitación antes de su publicación, en relación a la incorrecta demarcación de las zonas regables, junto a la ausencia de informes técnicos sobre la necesidad de crear nuevas zonas de regadío, pero sí, aclaró Martínez, existe la normativa de la propia Confederación Hidrográfica del Segura de afrontar ese problema en la salinidad de las aguas en el Valle de Agramón.
Además, indicó que más de 800 hectáreas de las que se pretenden transformar pertenecen a diez agricultores o empresas mercantiles, por lo que volvió a exhibir sus dudas acerca de esta polémica decisión que, en su opinión, "sólo ha servido para enfrentar a unos agricultores con otros", tras solidarizarse con las más de 350 familias de Agramón, La Horca y Minateda que, tal y como se aprobó en dos mociones plenarias en el 2013 y 2015, tienen pendiente resolver los problemas de salinidad en sus aguas para el correcto cultivo de sus tierras.
En este punto, detalló incluso que serían mucho más sencillo y económico crear una infraestructura para la conducción de las aguas hasta la zona de Agramón que a la de Cancarix.
Javier Morcillo, que esta misma semana también se había pronunciado al respecto de este tema, consideró la noticia "muy perjudicial" para los intereses de los hellineros y, especialmente, de los agricultores de la zona Sur de Hellín, por lo que arropó esa serie de iniciativas judiciales que se podrían poner en marcha para suspender el Decreto, al considerar que la Junta en funciones "ha actuado de manera muy irresponsable en un tema tan sensible como el agua".