El concejal de Izquierda Unida, Javier Morcillo, se mostró totalmente en contra del nuevo Decreto que pretende implantar el Gobierno de España a través del Ministerio de Educación, de situar en tres años la duración de los grados y un master posterior de dos años para completar la formación, al advertir que la iniciativa supondría costes "inasumibles" para la inmensa mayoría de las familias ante el elevado coste de los masters.

Así Javier Morcillo, en la defensa de su Moción que se aprobó, advirtió que el Decreto podría salir adelante "por el empecinamiento del ministro Wert y pese al varapalo del Consejo de Estado" y la manifiesta oposición de la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) y sin que haya existido un análisis o una evaluación diagnóstica sobre los resultados del sistema actual (cuatro años de grado más uno de master).
Morcillo reflexionó a este tema al recordar que los estudios universitarios han servido en España para crear la generación más preparada de la historia y, sobre todo, la generación con mayor igualdad de oportunidades.
Sin embargo lamentó que, desde la llegada del Partido Popular al poder, se han concatenado una serie de medidas en las que se "mercantiliza" la Educación, de manera general, y, muy concretamente, la superior.
El cambio al sistema 4+1 ya supuso, en la práctica, recordó en propio Morcillo, "un brutal aumento "del coste del 5º curso de la antigua licenciatura: "con esta medida, se busca profundizar más en este sistema que solo conseguirá elitizar más la educación universitaria" avanzó.
En este sentido advirtió que, con este Decreto, los nuevos grados tendrán un carácter básico y generalista: "significa que no obtendrá el estudiante la cualificación imprescindible y deberá acudir a los dos años de master para conseguir esa formación "especializada."
El jefe de la Coalición reveló que, actualmente, los master tienen un coste que oscila entre los 2.700 euros y los 7.000 euros anuales, por lo que con estas cantidades "queda claro que, única y exclusivamente, una minoría privilegiada podrá costearse dichos estudios".

El acuerdo de ayer se enviará al Consejo Escolar de Hellín; al Pleno de la Diputación Provincial de Albacete; a todos los grupos de las Cortes de Castilla La Mancha, así como al presidente de la Cámara, Vicente Tirado; consejero de Educación de Castilla La Mancha, Marcial Marín, incluso al propio Ministerio de Educación.
El PSOE, en contra de los cambios
En su intervención la concejala socialista, Araceli Corchano, se mostró en contra a la reforma al considerar falso que equiparará a España con Europa, ni supondrá un ahorro en las familias "y porque esta ocurrencia distorsionará, avisó, el actual sistema universitario, ya que se elegirán planes de estudios a la carta".
Para la ex concejala de Educación "el verdadero objetivo de esta medida es adelgazar el sistema universitario español y una excusa para justificar un recorte adicional en los recursos destinados a la educación de los más jóvenes", por lo que apeló al diálogo con la comunidad educativa para conseguir un sistema "que garantice la igualdad de oportunidades".
Juan Carlos Marín apoyó esta Moción al considerar que "la importancia de la Universidad para una sociedad moderna es incuestionable", y reflexionó al opinar que "una buena universidad pública constituye un motor importante para el fomento de la igualdad de oportunidades y aprovechamiento de la inteligencia. Una sociedad madura debería mimar su universidad exigiéndole que alcance sus objetivos a cambio de los recursos necesarios".
Tras lamentar los numerosos jóvenes que han tenido que marcharse fuera de España avisó que el nuevo Decreto va a suponer una pérdida de cualificación de los alumnos que aspiren al estudio de Grado, y alertó una reducción en el número de profesores y alumnos.
El Gobierno aclara
Juani Sorio, concejala de Educación, reivindicó estos cambios al explicar que el nuevo Decreto establecer un sistema mixto de grados con una duración entre 180 y 240 créditos, y masters, entre los 60 y 120 créditos, por lo que aclaró que serán las propias universidades las que decidan las medidas que pretenden incluir y en qué tipo de carreras.
Sorio relató que, actualmente, el 90 por ciento de las carreras no tiene que realizar un master obligatorio para poder trabajar; mientra que el 10 por cinto restante se quedará como en la actualidad, tras tranquilizar a los profesores que no se producirán despidos.
Añadió que las profesiones reguladas no se verán afectadas por esta norma, por lo que calculó que un 70 por ciento se podrían ahorrar un año de estudios, tras matizar que el Decreto contempla que los estudiantes españoles que deseen aspirar a cursos de doctorado en Europa lo podrán hacer en igualdad en condiciones.