Viernes 29 Marzo 2024

PSOE e IU decidieron, en la Junta de Portavoces previa al Pleno, unir una Moción en la que los partidos de la oposición coincidieron en reclamar el mantenimiento de los servicios sociales básicos en Castilla-La Mancha, «en peligro», alertó Juan Carlos Marín, concejal de la Coalición, ante la reforma de la Administración Local.
En presencia de componentes de la Plataforma en Defensa de Servicios Sociales, a los que no se les autorizó intervenir por haberlo hecho fuera del plazo reglamentario, Marín lamentó que la prestación de los servicios públicos por los ayuntamientos podría tener los días contados en caso de que se altere la actual estructura del funcionamiento.


El número dos de la Coalición denunció la creación de un estado asistencial de beneficencia y alertó que, tras la aprobación de la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, supondrá que las comunidades autónomas podrán no delegar los servicios sociales, al tiempo que aumentará y se institucionalizará la desigualdad entre los ciudadanos.
Para Marín debería competir a los ayuntamientos, por sí solos o agrupados, a través de un nuevo sistema de financiación municipal adecuado y suficiente, una serie de prestaciones, como ayuda a domicilio, ayudas económicas de emergencia social, acompañamiento en los itinerarios de inclusión social o atención primaria a mujeres víctimas de violencia de género, citó a modo de ejemplo.
Los ayuntamientos, los más cercanos
Ramón Lara consideró los cambios del Gobierno en la nueva Ley como "una puntilla que despoja a los ayuntamientos de competencias", al reconocer que son éstos "los que mejor conocen los problemas de los ciudadanos", tras lamentar los recortes que, en materia de Servicios Sociales, se ha detectado en los últimos años.
Lara advirtió que, en este escenario, se va a pasar de un modelo de prestaciones a un modelo asistencial benéfico, por lo que reclamó que, en el futuro, "no se habla en términos económicos de Servicios Sociales", al reprochar a la Junta de Comunidades la retirada del apoyo que, en el pasado, destinaba a los proyectos concertados, y de los que se está encargando el Ayuntamiento con sus propios fondos económicos, puntualizó.
Alejandro Fajardo, concejal de Personal y Empleo, negó el desmantelamiento de servicios sociales que denunciaron los partidos de la oposición, al asegurar que el objetivo de esta Ley "es, precisamente, garantizar y asegurar el Bienestar Social y no dejar desprotegido a ningún ciudadano que lo precise", al considerar, que, actualmente, existen en algunos casos duplicidades que precisan de cambios.
El concejal popular aseguró que el Gobierno «no tirará por a borda los logros» conseguidos en el pasado, ante el temor de PSOE e IU, y enumeró los distintas herramientas que, por ejemplo en Hellín, existen para ayudar y socorrer a las personas con algún grado de dificultad.

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