El alcalde de la ciudad aseguró ayer que el pago de los más de 800.000 euros que una sentencia condena a pagar a la familia Collados Muñoz, afectada por un proceso de reparcelación urbanística de la ampliación del Polígono San Rafael, que se realizó en el año 2006, se abordará cuándo y cómo diga el Juzgado.
Mínguez realizaba estas declaraciones cuando los medios de comunicación le pidieron opinión acerca de las intenciones que los afectados han hecho públicas, dispuestos incluso a encerrarse en el Ayuntamiento para cobrar su dinero, teniendo en cuenta que, recientemente, la empresa ha entrado en concurso de acreedores.

El problema, reveló el alcalde, y que, en su opinión "debería afrontar el PSOE", ya que fue bajo el mandato socialista cuando surgió esta polémica, se afrontará en el momento en que los tribunales determinen quién ha de hacer frente a ese dinero, ya que además del Ayuntamiento, en un principio se les reclamó la parte proporcional al resto de propietarios que, por este motivo, presentaron igualmente una demanda.
El alcalde reveló que, en unos días, intentarán ponerse en contacto con el administrador concursal, con el fin de estudiar la posibilidad de destinar, una cantidad de dinero, a la propia familia, con independencia del montante final que se tendrá que pagar cuando exista una sentencia en firme en la que se determinen los pagadores.
La propia familia Collados Muñoz reclamó ayer el apoyo de familiares, amigos, vecinos y diferentes colectivos, empresas, comercios o asociaciones mediante su firma que pueden realizar en el Ayuntamiento de Elche de la Sierra, así como en diferentes establecimientos de la localidad. Esta campaña de apoyo también está en Internet, en Change.org a través del perfil en Facebook: LaPoza RadioFm.
La familia, a por todas
La familia Collados Muñoz emitió ayer un comunicado en el repasaban los «avatares» sufridos durante más de ocho años, tiempo en el que, recordaban, la Justicia les ha dado la razón hasta en dos ocasiones, aunque a causa del retraso en el pago la empresa reconocía que ha entrado en concurso de acreedores al cerrar, por las actuaciones del Polígono, parte de sus negocios, «por lo que han caído en picado nuestros ingresos»
Tras recordar que, casi tres años después de la publicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia no han recibido ninguna cantidad, lamentaron que sus bienes han salido a subasta por menos del 10 por ciento de su valor, tal y como se puede comprobar en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 5 de marzo.
Luego recordaron que, hasta la fecha, la familia «ha confiado» en la Justicia, pero no en los políticos del PSOE hellinero que, en su opinión, «provocaron» esta situación, ni en los del Partido Popular «que han puesto todas las trabas posibles y argucias legales para dejar de pagar lo que por ley nos pertenece y poder salvar así nuestro patrimonio y el futuro de nuestras vidas y la de nuestros cuatro hijos».
El alcalde de la ciudad y Moreno Moya, concejal de Economía, mantuvieron el pasado lunes una maratoniana reunión de tres horas, en presencia del alcalde de Elche de la Sierra, con miembros de la propia familia, quienes confirmaron tienen previsto encerrarse en el Ayuntamiento y emprender una huelga de hambre hasta que no se restituyan sus derechos.
Además, hoy colocarán en los terrenos perjudicados por las actuación del Ayuntamiento, en la Carretera de Pozohondo, Km 0,900 de Hellín, una pancarta de grandes dimensiones.