Juan Antonio Moreno Moya reclamó ayer a todos los concejales de la Corporación Municipal "sentido de la responsabilidad institucional y a pensar en el conjunto de la ciudadanía», cuando aludió a la reciente marcha como concejal de Izquierda Unida, de Juan Carlos Marín.
En este sentido, en su condición de vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, y tras asegurar que el PP se va a dedicar a gobernar para los ciudadanos y no entrará en disputas internas de ninguna otra formación política, sí que insistió en aclarar que "los ciudadanos de Hellín están por encima de los partidos. Pedimos que en el Salón de Plenos no se produzca ninguna situación rocambolesca que origine problemas para nuestros vecinos, que esperan lo mejor de nosotros".
El propio Moreno aludió al gran acuerdo nacional que afecta a todos los partidos políticos, con respecto a las corporaciones locales, en cuanto a políticas antitransfuguismo, tras advertir, en puertas del Pleno que tendrá lugar este viernes, que «sólo negociará» con PSOE e IU.
CCM
En la sede de la calle Sol y junto al presidente del partido, Manuel Mínguez, Moreno Moya también quiso destacar "la importancia" de la decisión que esta semana adoptó el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, al imponer una fianza de 138 millones de euros a Juan Pedro Hernández, director de la anterior Caja Castilla-La Mancha, la primera entidad, recordó, que tuvo que rescatar el Banco de España en el 2009.
Así recordó que el rescate costó a las arcas del Estado más de 7.200 millones de euros, tras una gestión que consideró "absolutamente nefasta", sin olvidar las presiones que el PP, a todos los niveles, "tuvimos que soportar cuando denunciamos lo que estaba pasando en la Caja de referencia de todos los manchegos", cuando echó de menos que los responsables políticos en aquél entonces aún no se hayan pronunciado al respecto.
En otro orden de cosas el presidente de los populares hellineros aludió "al mayor ejercicio de transparencia que se ha realizado a lo largo de toda la historia", cuando recordó la entrada en vigor, hace un año, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Buen Gobierno, a la que se tendrán que adaptar las comunidades autónomas y administraciones locales.
En este contexto destacó la puesta en marcha del Portal Web de Transparencia que se estrena con más de medio millón de documentos al servicio del ciudadano, entre contratos, subvenciones, currículums y sueldos, entre otros aspectos, tras explicar que la ventana a la Ley de transparencia garantiza el derecho de acceso a la información de cualquier persona, "de una manera sencilla y fácil".
Regeneración y transparencia
Se trata, indicó Manuel Mínguez, de la primera medida que se aprobó de un "ambicioso plan de regeneración democrática", al subrayar que la financiación de los partidos es una de las acciones más importantes que se han adoptado, al aclarar que se limitan las donaciones, obliga a la publicación de las cuentas y convierte en delito la financiación ilegal, enumeró: "todos los partidos se somete, por obligación a ejercicios de transparencia".
Del mismo modo abrazó con satisfacción medidas contra la corrupción, al poner por ejemplo la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará la Justicia y la recuperación del dinero defraudado.
En materia de Empleo el presidente de los populares destacó que, en los tres últimos años, "se han hecho los deberes con medidas para frenar la ruina que heredamos y estabilizar el país", como unas declaraciones que justificó al recordar que en Castilla-La Mancha se ha producido un descenso de 37.000 parados, y 7.500, en Albacete: un 14 por ciento de reducción «que confirma que estamos en la buena dirección, en la línea de crecimiento y la creación neta de empleo».
Más adelante advirtió que la Reforma Fiscal que entrará en vigor de dos semanas contribuirá a la mejora de la actual situación económica, al apuntar que se producirá un descenso en la rebaja de las retenciones y, sobre todo, destacó, en Castilla-La Mancha, "como la Región donde más se van a reducir los impuestos".
Mínguez no quiso pasar por alto los recientes acuerdos en materia de empleo "que refuerzan la colaboración entre el Gobierno regional y nacional», en alusión a la prestación de 426 euros que podrán percibir, durante un período de seis meses, de cara a los parados de larga duración con cargas familiares.