Las aguas han vuelto a desbordarse en el seno de la Comunidad de Regantes Fuente Principal y Pozo Contreras de Hellín tras uso meses de, al menos, calma tensa, ya que en la jornada de ayer, Francisco Tauste, ex componente de la junta directiva, pidió la dimisión de la presidenta, Encarnita Hidalgo.
En la sede de la UGT, Tauste justificó su petición al asegurar que la presidenta debe abandonar su cargo "porque ha quedado incapacitada para ostentar la presidencia y ejercer las funciones propias con la imparcialidad necesaria" tras añadir que "ha hecho del cargo una cuestión personal de enfrentamiento hacia los que no pensamos como ella".
En este sentido, lanzó un mensaje para la reflexión a los comuneros, a los que alertó que "es imposible que avancemos y cumplamos con los objetivos mientras que contemos con una persona que sólo defiende sus intereses y de sus acólitos".
En este punto consideró, cuanto menos poco ético y no ajustado a los estatutos, que el local que, desde hace meses, es sede de la Comunidad, sea propiedad de la propia presidenta, aunque en principio, recordó ayer Tauste, la responsable del colectivo intentó eludir el tema, tras lamentar que tanto la documentación sobre este asunto y otros temas relacionados con la gestión de la Comunidad, a pesar de haberla solicitado en numerosas ocasiones, no se le ha entregado.
Contradicciones
Y es que, Tauste acusó a la presidente de «desdecirse de manera continua» en sus declaraciones, al poner como ejemplo el día en que manifestó que las obras de los embalses de agua se sufragarían con las aportaciones de los comuneros por hectáreas y tahúllas, aunque en la última asamblea explicó que se realizará en función de las horas de agua.
Hay que recordar que, precisamente, el desarrollo de la última asamblea ha sido el detonante de una nueva polémica, ya que aunque en un principio se dijo que no se podría grabar la asamblea, la propia Hidalgo acusó posteriormente al propio comunero-pero sin citar en ningún momento su nombre- que había grabado la asamblea y luego había huido ante el requerimiento de los vigilantes.
En este sentido, el propio Tauste no acertó a comprender los motivos de esta medida que consideró ajena totalmente a la transparencia "y con la que se pone de manifiesto la manera torticera y arbitraria con la que actúa la Junta de Gobierno".
Además, consideró como una «coacción» a los comuneros el hecho de votar a mano alzada, así como la referida prohibición de no poder grabar las asambleas, tras aclarar que, desde la reunión que tuvo lugar la pasada semana, no le ha llegado ninguna denuncia, ya que ante el cariz de los acontecimientos fue incluso necesaria la presencia de la Policía Nacional.
Del mismo modo, recordó que la presidenta se halla imputada por un presunto delito de coacciones hacia su persona cuando, en la asamblea del pasado febrero, ordenó a los vigilantes de seguridad que, desde hace algunas reuniones, custodian el acceso al Salón de Actos de la Casa de la Cultura, "que me sacaran a la fuerza", como sucedió, lamentó públicamente.
Por último, y tras insistir en la necesidad de un cambio en la presidencia, Tauste, que reconoció no es comunero pero que actúa como representante legal, lanzó un órdago a Hidalgo para un debate público ante los medios de comunicación.