La Plataforma Ganemos Hellín ha querido reivindicar las alegaciones que, el pasado mes de diciembre, presentaron al borrador que se presentó del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana que se podría aprobar en el Pleno del próximo lunes, tras reflexionar que “el mayor exponente de la democracia participativa es propiciar que las opiniones, ideas y sugerencias de la ciudadanía, puedan llegar a formar parte de las reglas y normas con las que van a convivir”.
Por ello, “deseosos de posibilitar y de ampliar de manera efectiva la incorporación de la ciudadanía en el Gobierno”, la Plataforma ha insistido en destacar sus propuestas, como las nuevas formas de canalizar las propuestas que los vecinos y ciudadanos del municipio puedan hacer, a título individual o colectivo, a sus representantes electos o a los órganos de gobierno municipal.
También defienden la participación de ciudadanos y colectivos en las sesiones de Junta de Gobierno Local y de las comisiones informativas; acceso a la documentación que se incorpore a los diferentes puntos que conformen el Orden del Día de los plenos de la Corporación, para su consulta y conocimiento, ó especificación de las funciones de los consejos sectoriales, como Sanidad o Educación.
Asambleas
Del mismo modo han arropado el establecimiento de asambleas de pedanías y barrios del municipio, con el objeto de fomentar la participación directa en la gestión municipal de las personas desde su ámbito territorial, y que las propuestas, consultas o solicitudes de información, dirigidas a cualquier cargo público electo u órgano de gobierno, deberán ser respondidas por escrito.
Por último han defendido las aportaciones en los artículos que regulan, tanto la iniciativa popular, como las consultas populares; el derecho a intervenir en los órganos municipales de Gobierno, mediante la presentación, por escrito y personal, de propuestas, peticiones y/o preguntas a cualquier miembro de la corporación, pudiendo dirigirse directamente al concejal responsable del área o directamente al alcalde, y el hecho de que la intervención de los ciudadanos y/o asociaciones en el órgano de Gobierno que soliciten deberá contemplar la posibilidad de replicar o repreguntar, con el fin de llegar a una mayor claridad y concreción.