El Gobierno municipal, a través del concejal de Medio Ambiente, Julián Martínez, ha preferido mantener “cautela, prudencia yexpectación”, ante el reciente anuncio del Gobierno de España de prorrogar, el período concedido en su día a la empresa encargada de realizar el proyecto Leo, relacionado con el fracking, a lo largo de más de 40.000 hectáreas de terreno que afectarían a la zona de Las Dehesillas y varias ciudades de Murcia.

Y es que, este fin de semana se conocía que el Gobierno central había prorrogado el plazo, que se inició en el 2014 y que, en principio, iba a finalizar en el 2020, hasta el 2022, con el fin de realizar, cuanto menos, estudios sorbe el terreno afectado, para determinar la existencia o no de hidrocarburos.
Consenso
Hay que recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en su día una ley, precisamente antifracking, con el fin de obstaculizar, al máximo, la realización de esta serie de acciones, al igual que, hace unas semanas, suscribieron los ayuntamientos de Hellín, Abarán, Cieza, Calasparra y Jumilla, en la vecina región de Murcia.
El concejal del área advertía de los peligros de esta práctica, “muy dañina y lesiva” para el entorno y medio ambiente de la zona, al tiempo que dibujaba “la gran cantidad de agua” que necesitan esta serie de proyectos, en comparación a los períodos de sequía tan importantes que se están viviendo en la zona, en los últimos años.
En el pasado, los proyectos conocidos como Ares 1 y 2 quedaron extinguidos.