El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha subrayado que con la decisión de anular el Decreto de transformación de regadío de 862 hectáreas en Cancarix, “se hace justicia hídrica”.

Ruiz Santos, que calificó la Declaración de Interés Regional de estos terrenos de 862 hectáreas, aprobada en la Legislatura pasada por Cospedal, como “una recalificación para uso agrícola”, apuntó que los regantes de La Horca, Minateda y Agramón, y que representan a más de 300 familias, “tienen el mismo derecho de utilizar una reserva de agua que ya estaba establecida”, en relación a los 2,4 hectómetros del Trasvase Tajo-Segura.
En relación a esta transformación de una zona de secano en regadío, Ruiz Santos se mostró “confiado” en que esta decisión que adoptará el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y su Gobierno “debe servir para que se reanuden las conversaciones entre los regantes, la Confederación Hidrográfica del Segura y la propia Junta de Comunidades”.
Desde la Delegación Provincial de la Administración Autonómica también se ha recordado que los regantes de La Horca, Minateda y Agramón ya presentaron alegaciones a este Decreto al entender que perjudicaba los intereses agrícolas en estas pedanías de Hellín, incumpliendo el Plan Nacional de Regadíos y diferentes directivas europea de Medio Ambiente en materia de sostenibilidad.
Justas alegaciones
Ruiz Santos también apuntó que este Decreto se adoptó en vísperas de las Elecciones Autonómicas y Municipales del pasado año, y se aprobó con un Gobierno regional “en funciones”, y criticó que el Gobierno de España también adopte “decisiones en materia de agua en funciones”, en relación a los últimos trasvases de agua del Tajo al Segura.
Finalmente, el delegado de la Junta mostró su apoyo a “la falta de garantías jurídicas” que tenía esta “recalificación agraria”, y ha remarcado que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural debe analizar las futuras posibilidades que deben tener los regantes “perjudicados” y que reivindican “el cumplimiento de sus derechos históricos”.