En relación a las declaraciones que esta semana realizaba el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Hellín, Javier Morcillo, en las que afirmaba "que los terratenientes de Cancarix quieren hacer negocio con el tema del agua", la Plataforma Ganemos Hellín le animó a que actúe "en todas sus consecuencias e inicie todas las acciones legales que están a su disposición".

De manera, animaron a que el Ayuntamiento sea quien lidere el apoyo de los pequeños agricultores afectados, asuma la iniciativa legal para restablecer los derechos de los posibles afectados, así como tomar todas las medidas oportunas para que el agua no sea utilizada de otra manera que la de generar riqueza en el municipio de Hellín.
Desde la Plataforma recordaron que fue el Ayuntamiento de Hellín quien inició las reclamaciones legales y judiciales para la recuperación de los casi tres hectómetros cúbicos de agua por las filtraciones del Trasvase Tajo-Segura, para corroborar que aquél "está completamente legitimado" para intervenir en el asunto, bien sea por la vía judicial o por cualquier otra que se decida.
Sobre las declaraciones de Morcillo, en las que el concejal de IU advertía que con este Decreto no se solventa el problema real que tienen los agricultores de esta zona, sobre todo, de salinidad en el Valle de Agramón, advirtieron que "son problemas históricos a los que nunca se les ha dado solución", por lo que proponían para dar una resolución a estas reivindicaciones, hacer un óptimo uso de los recursos disponibles, aunque suponga realizar una inversión inicial, que, indicaron, "a la larga conllevará beneficios" para los pequeños regantes de la zona y un ahorro considerable de dinero para las arcas municipales.
Tribunales
En relación a la denuncia de Morcillo que entre los beneficiarios de esta medida, se hallan familiares de una diputada nacional del PP, la Plataforma le animó a poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos a los que alude, por si se pudiese dar el caso de que se hubiese cometido algún delito por alguno de los siguientes supuestos penales, como tráfico de influencias, prevaricación o cohecho.
Igualmente, le criticaron que, ante dudas sobre los motivos por los que se había aprobado el Decreto con tanta rapidez, a que lo aclare en las instituciones judiciales donde proceda, por lo que le reprocharon su "política del paripé, es decir, aparentar que se preocupa, pero, en el fondo no va a hacer nada por resolver eficazmente el tema, tal y como nos tiene acostumbrados", sentenciaron.