Viernes 28 Febrero 2020

Con motivo el próximo 8 de Marzo del Día Internacional de la Mujer Izquierda Unida registró ayer en el Ayuntamiento una Moción para su debate en el Pleno de la próxima semana, en la que se defenderá que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y que se paralice la tramitación del proyecto de Ley contra el Aborto.
Para la Coalición la decisión de las mujeres a elegir sobre su maternidad es «un derecho rotundo que debe estar presente en cualquier circunstancia: «un derecho fundamental que no puede ser objetivo de intercambio con los estamentos sociales y religiosos más reaccionarios».


En la referida Moción el concejal de la Coalición, Javier Morcillo, defenderá que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que el aborto deje de ser un delito y pueda practicarse libremente en a sanidad pública y en todo el territorio nacional.
De esta manera Morcillo intentará que el Pleno se adhiera a todas las manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de mujeres que, en reivindicación de los acuerdos suscritos, se convoquen; además el Ayuntamiento se comprometerá a potenciar los valores de igualdad real, poniendo para ello todos los medios a su alcance, como es la defensa de la Sanidad y Educación pública y laicas, y planes de empleo y formación igualitarios.
Ataque a los derechos
En la exposición de motivos IU lamentó que, en la actualidad, la sociedad está asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres, tras denunciar que el PP está agrediendo a los pilares más básicas de la Democracia, «como es la aspiración a la que tenemos derecho todas las personas a la libertad, autonomía personal, al acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos».
Para IU esta «grave regresión» se manifiesta de manera categórica respecto a los derechos humanos de las mujeres, «fruto del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal que, con la excusa de la crisis económica, ha visto las posibilidades abiertas para reconstruir todo lo conseguido».
Más adelante advirtieron que las normas segregadoras y sexistas, como la Reforma Laboral y la reciente Ley de Educación, junto a otra serie de recortes son medidas que están produciendo «un impacto de género que está derivando en el incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía entre las mujeres».
Así aseguraban que la asignatura de Religión en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y reproductiva de ello «no sólo es consecuencia de la injerencia del clero heredero del franquismo en las decisiones gubernamentales, sino que pretenden instaurar el modelo, ya caducado, de mujeres obedientes y sumisas».

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