El concejal de Izquierda Unida Ganemos Hellín, Javier Morcillo, ha asegurado que no se “arrepiente de haber denunciado, en voz alta, lo que es un problema de gran calado que preocupa, y mucho, a personas y familias residentes en los barrios del Calvario y de La Ribera”, una semana después de la reunión de la Mesa Técnica que analizó esta problemática y posibles soluciones.

En la Sala de Prensa del Ayuntamiento, Morcillo rompió el silencio que, una semana después de esta reunión, había guardado a la hora de realizar declaraciones, con el gin de digerir una situación que, admitió ante los medios de comunicación, le dejó "casi sin palabras y perplejo", ya que algunos técnicos presentes en el encuentro que tuvo lugar en el Centro Social de La Ribera, y hasta representantes del propio Gobierno y del PP, le echaron en cara sus declaraciones que consideraron inadecuadas, además que pensaban podrían crear un clima de alarma social innecesario.
Actuar con diligencia
Morcillo reconoció que, aun socio del Gobierno, “como concejal del Ayuntamiento no podemos dar la espalad a un problema que todo el mundo conoce, desde hace años, se está viviendo en el barrio del Calvario”, por lo que insistió en que su denuncia sobre la situación que le habían transmitido personas residentes en la zona, "no es crear alarma social. Es afrontar, de cara, una triste realidad que está ocurriendo” y que, advertía, "se está trasladando a otros puntos de la ciudad”.
Asimismo, reconoció que existen personas que tienen miedo a posibles represalias, en el supuesto de denunciar algún hecho delictivo, como los que tuvieron lugar este pasado fin de semana, dibujó, cuando desconocidos rajaron ruedas de coche estacionados en la vía pública y se rompieron cristales.
Sobre el debate histórico de inaugurar una extensión de la Policía en el referido Barrio, no pudo concretar si sería una medida correcta, pero volvió a reivindicar medidas “concretas, urgentes y eficaces”, tras poner el ejemplo de cómo se logró desalojar a una familia que, durante más de seis meses, ocupó una vivienda en la calle Colegial que se precintó por parte del Ayuntamiento y Policía, ante las firmas de más de 400 vecinos que se presentaron al propio alcalde.