El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, y el alcalde de Hellín, Ramón García, han presido esta mañana, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la Junta Local de Seguridad Ciudadana, en la que se han sentado las bases de coordinación para intentar solucionar el problema de inseguridad e inquietud que han denunciado más de 400 vecinos de la zona de La Ribera.

En concreto, la reunión la convocó el también concejal de Seguridad Ciudadana ante el clima de alarma y angustia de vecinos de las calles Colegial, Cencerrada, Molinos y Barajas y Camino, tras la llegada, el pasado mayo, a una vivienda de una familia procedente del Barrio del Calvario.
El compromiso de las autoridades y de los responsables de Policía Local, Nacional y Guardia Civil, y dentro de la prudencia que presiden esta serie de reuniones de no dar excesivas pistas de las acciones que se van a llevar a cabo, sí se conoció que se va a reforzar en la zona la presencia de ambas policías, al tiempo que el Ayuntamiento intentará aplicar las ordenanzas cuando los componentes de la familia infrinja lo relacionado con los ruidos, la convivencia, tenencia de animales en la calle, limpieza o absentismo escolar.
Coordinación y actuación
Tanto el alcalde como el delegado, que pidieron a los vecinos” un poco más de paciencia hasta que se resuelva el problema”, y tras recomendarles que denuncien si ven vulnerados sus derechos o comprometida su seguridad (en ocasiones existe miedo ante posibles represalias), insistieron en que la coordinación en este caso “es muy importante”, ya que no se confirmó si una de las medidas será intentar que la familia, que ocupó una vivienda propiedad, al parecer, de uno de los conocidos como fondos buitre, se reubique en otro lugar de la ciudad.
El delegado le Gobierno también reveló que la Policía Nacional se ha puesto en contacto con los jueces y el titular de la casa para que denuncie su ocupación de manera ilegal.